
La medida busca constatar si los accionistas originales que fueron registrados en la Junta de Control de Juegos lo continúan siendo y en caso de ventas, traspasos o fusiones, verificar si los nuevos accionistas fueron debidamente registrados, de no ser así, se impondrán las sanciones correspondientes.
También se solicitarán las actas de las reuniones de juntas de accionistas, con el fin de verificar que los cambios en las Juntas Directivas originales y el ingreso de nuevos directivos, dignatarios y gerentes, hayan sido de conformidad con la Ley. En la plenaria se constató que la documentación que reposa en la Junta de Control de Juegos no están registrados muchos de los cambios de directores y de accionistas que se mencionan, como tales, en los medios de comunicación social.
También se dejó sin efecto el acto administrativo por el cual se dio la igualdad de condiciones, debido a que no se procedió con la norma, lo que ocasionó que el Estado dejara de percibir entre 7 y 10 millones de dólares desde el año 2007 hasta la fecha.
De esta forma, los Casinos ahora deberán entregar al fisco el 10% de las apuestas menos los premios pagados. El año pasado hubo apuestas por $850 millones y se entregaron premio por $650 millones.
El pleno de la Junta de Control de Juegos también dejó sin efecto varias resoluciones de la administración anterior que prorrogaban concesiones expiradas, ya que ni el ex ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander las firmó, ni fueron refrendadas por el Contralor, y sin embargo, hasta el día de hoy siguen operando.
Trascendió que en estas resoluciones de prórroga no se siguió el proceso de revisar y renegociar los términos de los contratos originales expirados, tal como debe hacerse conforme a las normas que rigen la materia.
Fuente: crítica
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