Desmantelado un casino clandestino

España - Málaga - Agentes de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma desmantelaron el pasado 19 de febrero un casino clandestino en una nave comercial del polígono industrial Alameda en la capital malagueña.
Allí se organizaban partidas ilegales de póquer de forma regular y se jugaban "importantes" cantidades de dinero, según informó hoy la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez.
La operación policial, denominada 'Operación Casino 1', se inició durante el pasado mes de noviembre tras tener sospechas de que en una nave del polígono se podría estar utilizando como sede de un casino ilegal desde el verano del año pasado, según explicó Gámez, quien además puntualizó que las investigaciones fueron desarrolladas en colaboración con el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía contra el juego ilegal.
Durante la intervención policial llevada a cabo el pasado viernes en el local del polígono, los agentes pudieron comprobar que en esos momentos se celebraban varias partidas simultáneas de póquer y que, en su interior, se encontraban 110 jugadores. También fueron sorprendidos dos personas responsables de organizar las partidas, ambas de nacionalidad española, que fueron identificadas y a las que se les tomó declaración.
Asimismo, durante la intervención, la policía se incautó de 4.021 euros en metálico, de 12 mesas de póquer, de 2.821 fichas, de seis barajas de cartas y de varios ordenadores personales, según detalló Gámez en rueda de prensa, al mismo tiempo que precisó que el local fue clausurado.
Las convocatorias para este tipo de juegos clandestinos se hacen a través de Internet, de redes sociales o mediante teléfono, según precisó el responsable del Grupo de Juego, Fernando Fernández, quien destacó que la edad de los jugadores oscila entre los 25 y 40 años y proceden de distintas provincias.
La delegada recordó que en Andalucía organizar y practicar el juego ilegal está prohibido pero no se considera delito, por lo que las sanciones contra las personas implicadas son de tipo administrativo, en este caso calificada como muy grave.
Las sanciones económicas que se pueden derivar por estos hechos, según explicó, pueden oscilar entre los 30.000 y 300.000 euros para los responsables y organizadores de partidas ilegales, y hasta 600 euros para los jugadores. En este sentido, Gámez manifestó que el Servicio de Juego ya ha abierto varios expedientes sancionadores.
"Se trata de la operación policial más importante desarrollada en los últimos años en la provincia de Málaga contra el juego ilegal del póquer", puntualizó la delegada. Asimismo, hizo hincapié que desde el Servicio de Juegos y Espectáculos Público como desde la Jefatura Provincial en Málaga de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad autónoma "se lleva a cabo de forma permanente una vigilancia y una inspección en este campo con un fin muy claro: erradicar el juego ilegal y clandestino en toda la provincia".
La semana pasada también se llevó a cabo una intervención policial en otro local, pero en Marbella, donde se realizaba esta práctica ilegal. No obstante, el número de jugadores fue menor que el que se encontraba en el local del polígono Alameda. Gámez aclaró que el juego ilegal de póquer no es una actividad generalizada en la provincia de Málaga, "con independencia de que en esta actuación hubiera un gran número de personas".
PERJUICIOS
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga puntualizó que este tipo de actuaciones ilegales conlleva "perjuicios claros" a los establecimientos legales, ya que supone una competencia desleal frente aquellos que se ajustan a la ley.
Asimismo, tiene consecuencias sobre los jugadores en cuanto a la seguridad en los premios que se derivan del juego y los útiles empleados en él porque "pueden estar trucados ya que hay una ausencia total de garantías al estar al margen de la ley". Además, de esta forma se elude el pago de tributos e impuestos que se derivan por el hecho de llevar a cabo actividad empresarial.
Por todo ello, aseguró Gámez, el juego en Andalucía está regulado, exige autorizaciones administrativas y requiere de un control fiscal y tributario "como cualquier otra actividad empresarial en la que hay lucro". "Por eso perseguimos el juego ilegal clandestino", aseveró.
Europa Press