Bolivia - La Paz - La Nueva Constitución Política del Estado ampara y legaliza el funcionamiento de las casas de juegos de azar en el territorio nacional y establece en su artículo 299 que las competencias y los controles se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
Los empresarios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz consideran que tanto el gobierno, mediante la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), las prefecturas y municipios deben acordar una nueva Ley, normas para autorizar la actividad del juego de azar en Bolivia.
En ese marco, el senador del MAS, Félix Rojas dijo que la Constitución política contempla el funcionamiento de las casas de juego y que la propuesta que hizo el diputado Gustavo Torrico, para eliminar a esas empresas y penalizar su funcionamiento "está tirada de los pelos".
"Una ley no puede estar por encima de la constitución Política, por eso es que se debe analizar de forma muy profunda el contenido de esa propuesta por que la nueva Constitución Política no puede ser modificada por un simple Ley.
Asimismo, explicó que deberá ser el pleno del congreso que dé viabilidad a esa ley que más que restringir, debería normar el funcionamiento de esas empresas para evitar su proliferación y que en su interior no se cometan actos ilícitos como el lavado de dinero o que los recursos vayan a favorecer actos irregulares como ocurrió con el terrorismo.
Rojas y el diputado del MAS Edgar Valeriano acusaron al diputado Torrico de vulnerar lo dispuesto en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), mediante un proyecto de Ley para cerrar las casas de Juegos de Azar, cuando su funcionamiento está avalada por Ley Fundamental.
"La posición de Torrico parece que es una forma de desquitarse contra la Lotería, porque no se habría permitido que algunos satucos entren a trabajar. Además no descartamos que esté molesto porque no fue tomado en cuenta para postularse a una diputación o senaduría", dijo Veleriano.
En tanto, el senador Róger Pinto expresó su contrariedad sobre la posición de Torrico más aún, cuando primero presentó un proyecto de Ley de Juegos de Azar para subir los ingresos a favor del Estado y ahora presenta otra proyecto de norma para acabar con el juego en Bolivia.
"Lo que pasa con este señor piensa que el negocio de las casas de juego es igual que Cotel donde tuvo injerencia y ahora está pensando con lograr algún tipo de recaudación electoral y beneficios divorciándose de los preceptos de su partido político y haciendo un lado la beneficencia y salubridad que ayuda a los más necesitados y a los enfermos", sostuvo.
Asimismo, el concejal de El Alto dirigente del M-17, Roberto de la Cruz, señaló que todos los bolivianos sin importar el cargo que ostenten están obligados a respetar y cumplir lo establecido en la CPE, le guste, o, no porque fue aprobada por mandato del pueblo.
En ese marco, el secretario general de la Central Obrera Regional de El Alto, Félix Quispe, lamentó que cuando la "mamadera" se acaba, hasta los hombres más fieles le muerden la mano al que les ha dado de comer, por lo que dijo que la urbe alteña no permitirá que se vulnere la Ley Fundamental que es la nueva Constitución.
Fuente: Los Tiempos/
domingo, 20 de septiembre de 2009
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