Prohibición de juegos de azar genera controversias en oficialismo y oposición

Bolivia - La Paz - El proyecto de Ley que prohíbe el funcionamiento de las Casas de Juegos de Azar en el territorio nacional causó controversias entre los legisladores del oficialismo y de la oposición.
La Constitución Política del Estado en su artículo 299 establece que las competencias sobre esta actividad debe ser ejercida de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
Este proyecto de Ley impulsada por el MAS y el presidente de la Comisión de Hacienda, Gustavo Torrico en el Congreso, será sometida a un riguroso análisis y modificaciones por parte de la oposición en el Senado.
Así lo anunciaron los senadores Walter Guiteras y Róger Pinto, al considerar que la prohibición total de esta actividad generará casas de juegos clandestinos y mafias organizadas que aprovecharán un mercado libre.
El diputado oficialista vocero del MAS en este departamento, Jorge Silva, negó, este viernes, estar en contra de la aprobación de esta norma legal al señalar que la posición de su partido está a favor del cierre de todas las casas de juegos, una vez que la Cámara de Senadores haya sancionado esta Ley.
"En ningún momento dije que estaba en contra de esta Ley (...) se han debido confundir de diputado, estamos a favor de la prohibición del juego de azar y apoyamos la propuesta de Ley que presentó el diputado Gustavo Torrico", dijo Silva, al señalar que no puede desmarcarse de las posiciones que se toman a nivel de partido.
La agencia ANF consultó ayer, vía teléfono, el criterio de Silva en torno al tratamiento de esta Ley a la que expresó su pesimismo referente a su aprobación, no obstante, esta versión fue rectificada y negada por el legislador.
"Creo que los juegos deben ser sujetos a Tarifas a cánones adecuados y adecuada transparencia en términos impositivos. El tratar de anularlo es llevarlo a la clandestinidad, siempre el juego será un mecanismo de diversión de gastar dinero, pero esos recursos debe beneficiar al Estado. El encerrarlo, el prohibirlo llevará al país a la apertura de negocios clandestino y subterráneos", dijo, dijo Guiteras.
De acuerdo con altas fuentes relacionadas con el oficialismo hubo presiones internas entre los legisladores del MAS que no estaban de acuerdo con la aprobación de esta norma que consta sólo de dos capítulos prohibitivos e incorporará dentro del Código Penal una pena de uno a cinco años contra las personas que están vinculadas con esta actividad. La Paz, ANF
Fuente: La Razón