ASAJA entre Corte y arbitraje

Panamá - Los administradores de juegos de suerte y azar están dispuestos a perder una batalla en la Asamblea Nacional, pero no la guerra.
Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), afirmó ayer que de aprobarse la reforma fiscal, donde le gravarían nuevas tasas para la operación de casinos completos y máquinas tragamonedas, acudirían a la Corte Suprema de Justicia a demandar la ley por inconstitucional o invocarán un arbitraje como lo permite la ley que regula la industria.
Durante el periodo de consulta en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, a cargo del diputado José Blandón, Alfaro señaló que establecer un precio base ($1 millón) para obtener el derecho a llave de un negocio de azar, y aumentar al doble ($25 millones) el monto de lo que el Tesoro Nacional percibe sobre los ingresos brutos generados por las salas de juego del país, viola claramente los contratos que han firmado algunas empresas con el Estado panameño.
La petición de ASAJA es que se retiren del proyecto de ley por lo menos ocho artículos que cambian drásticamente lo firmado entre los operadores y el Estado. "Esta reforma fiscal abre una caja de Pandora y sienta un precedente negativo para que cualquier Gobierno crea que puede pasar por encima de un contrato que regula la industria", agregó.
Según Alfaro, establecer $1 millón para el derecho a llave de una sala de máquinas es exagerado y arbitrario. El presidente de ASAJA comunicó la disponibilidad de los empresarios del gremio a negociar con el Gobierno y fijar, bajo una revisión integral del Decreto Ley que regula la industria de juegos de azar, cualquier aumento de aportaciones al fisco.
En lugar que se graven con nuevas tasas de forma unilateral, ASAJA propone una reforma integral a las reglas del juego y cambiar el pleno de la Junta de Control de Juego, que actualmente lo conforman representantes de la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional, para incluir al administrador de la Autoridad de Turismo, quien determinaría qué inversiones sociales puede hacer el empresario en el área que va operar.
Entre las modificaciones planteadas se establece que los nuevos administradores u operadores de salas de máquinas tragamonedas Tipo "A", a quienes se les otorgue un contrato, deberán pagar a la JCJ la suma de un millón de dólares por el derecho de llave por cada sala que opere.
Los ajustes fiscales que presentó permitirán que el Estado capte ingresos extraordinarios por el orden de los $225 millones anuales.
Fuente: crítica/Carlos Estrada Aguilar