Entre Ríos no necesita casinos privados para promover el turismo

Argentina - Entre Ríos - Está a consideración en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un controvertido proyecto de ley, que cuenta con la sanción del Senado, y fue enviado por el Poder Ejecutivo en las postrimerías de la gestión anterior.
Tomó estado parlamentario el 24 de noviembre de 2007, y pretende constituir un "Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable".
Más allá de las consideraciones que se podrían hacer acerca de su eventual aporte a un esquema de planificación y gestión del desarrollo turístico de la provincia, urge desenmascarar el peligro inminente que entraña, que no es otro que la posibilidad de dotar al gobernador de turno de la llave para autorizar la instalación de salas de juegos de azar y casinos por parte de empresarios privados.
Dado el evidente interés que ha demostrado el Gobernador Urribarri como los legisladores justicialistas para impulsar este proyecto, y teniendo en cuenta las gravosas consecuencias que se podrían derivar de su aplicación, es imperioso que desde los partidos políticos de la oposición, desde las corporaciones de trabajadores y empresarios, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las iglesias y universidades, se alcen voces y se haga un llamado a la dignidad de los entrerrianos y se unifiquen acciones en pos de la defensa de sus intereses.
El proyecto de ley en cuestión fue tratado sobre tablas, vale decir sin ningún tipo de análisis en comisión, el 30 de enero de 2008 por el Senado, y remitido a la Cámara de Diputados el 4 de febrero. Luego de un primer dictamen que introducía algunas modificaciones al texto venido en revisión pero no aventaba la posibilidad de privatizar el juego (en el artículo 3º se expresaba textualmente "en aquellos emprendimientos turísticos declarados de interés provincial podrá brindarse servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos"), surgió otro firmado por legisladores justicialistas, aunque sin la firma del presidente de la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura y Turismo, que aconseja su aprobación en los mismo términos aprobados por el Senado.
El Artículo 3º del proyecto establece que "la declaración de interés provincial de los proyectos integrales de emprendimientos turísticos deberá hacerse por decreto del Poder Ejecutivo", y en 29º se consigna que "los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Poder Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos...".
En una confusa redacción, el Artículo 29º también establece que el Fondo Provincial de Turismo se forma -entre otros ítems- con "el producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos...". El Artículo 30 dispone que "la distribución de los ingresos provenientes de los proyectos integrales de emprendimientos de inversión turística declarados de interés provincial será determinada por el Poder Ejecutivo Provincial por vía reglamentaria y la misma deberá incluir a los municipios y/o juntas de Gobierno en el departamento donde se radiquen los emprendimientos y al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social".
Vale decir, un par zanahorias para hacerle creer a incautos que la promoción del turismo por parte de municipios y comunas va a depender de ese fondo, que nadie sabe cómo se constituirá, y sobre cuya reglamentación se le da al gobernador de turno un verdadero cheque en blanco.
Es una falacia absoluta que Entre Ríos necesite el incentivo de la privatización del juego para convocar a inversores interesados en el desarrollo turístico.
Nuestra provincia dispone de suficientes atractivos naturales y culturales, y de recursos humanos capacitados; sólo es menester aunar esfuerzos del sector público y privado detrás de un verdadero plan estratégico de desarrollo turístico.
Sólo por dar un ejemplo, ofende la dignidad y la inteligencia de los uruguayenses que se pretenda hacernos creer que Concepción del Uruguay necesita un agraviante "casino electrónico" en el mercado 3 de Febrero para recuperar el terreno perdido en materia turística. La ciudad necesita políticas serias y planes de largo alcance, que han brillado por su ausencia en los últimos tiempos.
Los casinos, en manos del Estado, pueden complementar y diversificar la oferta turística, pero nunca convertirse en el factor clave de las inversiones del sector; y su localización debe limitarse a ciudades con probado perfil turístico. Si hoy hay casinos que son deficitarios, es por culpa de sus administradores, y no por un problema intrínseco de la administración pública.
Abrir las puertas a la privatización del juego es una opción peligrosa; más temprano que tarde los entrerrianos sentiremos sus perniociosas consecuencias. La discrecionalidad del gobernador de turno para declarar de interés provincial algún emprendimiento facilitará la corrupción y los negociados, y se generarán condiciones para que empresarios foráneos aspiren los recursos de los entrerrianos y los quiten del circuito del consumo y la producción local.
Como acertadamente señalaron los obispos entrerrianos en 1993 "la primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se suele crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, entre otras cuestiones.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zona de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema... No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado, responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien.
En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juego y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y las familias menos acomodadas". Estas sabias y - lamentablemente - en algún punto premonitorias palabras de nuestros obispos hace ya más de 16 años debieran estar más presentes que nunca en la conciencia de los representantes y representados los días por venir.
Sobran razones para oponerse a esta absurda iniciativa. Es hora de que los entrerrianos, en defensa de nuestra dignidad y nuestros intereses, nos expresemos sin medias tintas y hagamos oír nuestra voz.
AIM Digital/José Antonio Artusi