Panamá - El expresidente de la república, Dr. Ernesto Pérez Balladares denunció nuevamente que se está forzando una investigación sobre el otorgamiento en 1995 de concesiones para explotar juegas de azar en Panamá que fueron sometidas a fiscales y tribunales en el año 2005 y 2006, para utilizarlas con fines políticos.El ex-mandatario (1994-1999) que hace dos semanas se declaró víctima de terrorismo judicial y persecución política, explicó en un sendo comunicado enviado a HORA CERO que fue el fallecido expresidente Guillermo Endara, quien autorizó a tavés de un Decreto de Gabinete del 18 de septiembre de 1993, que personas naturales o jurídicas pudieran explotar máquinas tragamonedas, previa autorización de la junta de control de juegos.
Según Pérez Balladares en su gobierno se creó un nuevo reglamento, regulando las licencias tipo A, B Y C.
El diario La Prensa ha insistido en diversos reportajes que Pérez Balladares se benefició indirectamente de licencias de explotación de juegos de azar otorgadas a un cercano colaborador, el empresario Litho Thayer y a su yerno Enrique Pretelt.
Pérez Balladares aseguró que fueron autorizaciones lícitas y negó ser dueño, accionista o beneficiario de juegos de azar.
El pasado 17 de agosto la Junta de Control de Juegos (JCJ) desconoció varias concesiones otorgadas en la administración Pérez Balladares, e impuso multas y nuevas condiciones a la española CIRSA y anunció que anularía concesiones de la época y del año pasado a favor de Comput Bingo S.A., Competiciones Deportivas, Lucky Games y Silver Cup.
Pérez Balladares es investigado por la fiscalía anticrimen que quiere determinar si las publicaciones de La Prensa, donde acusan al mandatario de supuesto blanqueo de dinero son ciertas.
El abogado de Pérez Balladares, el exprocurador Rogelio Cruz dijo hace dos semanas que la Procuradora Ana Matilde Gómez le dijo, frente al exsecretario general de la Procuraduría General que ella había sido conminada por el Presidente Ricardo Martinelli a encacelar al Exmandatario y al expresidente Martín Torrijos Espino.
El gobierno restó importancia a las declaraciones de Cruz y González dijo que eran falsas.
Empero Cruz se reiteró en su denuncia.
COMUNICADO DEL DR. ERNESTO PEREZ BALLADARES, EXPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Este caso ya ha sido investigado y fallado en derecho, ahora lo quieren utilizar con fines políticos.
Hasta el 8 de septiembre de 1993, la actividad de juegos de suerte y azar eran administradas directamente por el Estado.
El 8 de septiembre de 1993, durante el gobierno del entonces Presidente de la República Guillermo Endara G., emite el Decreto Ley D.E. No. 162, mediante el cual la Junta de Control de Juegos (J.C.J) permite a particulares (personas naturales o jurídicas) explotar la actividad de las máquinas tragamonedas.
Estas participaciones eran otorgadas mediante una autorización previa solicitud ante la J.C.J.
El 18 de diciembre de 1995 se aprueba la Resolución 028 de la J.C.J. donde se expide un nuevo reglamento y se crea una distinción entre Licencias Tipo A, B y C.
Desde ese día y hasta la fecha se ha tratado de desinformar a la opinión pública en este tema con mentiras y medias verdades citando denuncias que no tienen fundamento, toda vez que se han practicado las diligencias pertinentes demostrando que las adjudicaciones se han hecho con estricto apego a la ley y sin perjuicio ni lesión patrimonial al estado panameño.
El 12 de diciembre de 1996, mediante Resolución 038, la J.C.J. emite autorización a LUCKY GAMES S.A. para operar un total de 500 máquinas tragramonedas Tipo B.
El Estado deja de ser operador de máquinas tragamonedas procediendo a licitar Licencias Tipo A (Casinos Completos) el 12 de diciembre de 1997.
Esa licitación fue adjudicada a tres empresas entre las cuales estaba Gaming & Services, quien pagó la suma de B/.. 20,000,000.00.
Mediante Decreto Ley No. 2 de 10 de febrero de 1998 se reestructura la J.C.J. asignándole funciones de control, fiscalización, supervisión y regulación de los juegos de suerte y azar o actividades que originen apuestas.
De igual forma el Estado otorga a aquellos operadores de Licencia Tipo B (caso de Lucky Games) a adecuarse a Licencia Tipo A y para ello otorga un periodo de 6 meses para cumplir con una serie de requisitos contemplados en el decreto.
En 1999 la J.C.J., adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.) actuando en representación del estado panameño, otorga el Contrato de Administración y Operación de Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A” No. 115 a Lucky Games S.A.
Producto de la denuncia presentada por Enrique Montenegro en el año 2005, se generan una serie de especulaciones dando origen a la Auditoría No. 341-006-2006-DAG-DAFP que en su informe final del 17 de julio de 2006 concluyó que “las empresas Lucky Games y Silver Cup Gaming, entre otras, NO causan un perjuicio económico al Estado”.
Este Informe de Auditoría sirve de base para que el 12 de marzo de 2008, el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá dicte el Sobreseimiento Definitivo No. 10 por un supuesto delito contra la administración pública en perjuicio del Tesoro Nacional que incluía a las empresas Lucky Game y Silver Cup Gaming entre otras.
Finalmente, el 6 de agosto de 2009, Jorge Ernesto Vernaza Maradiaga, Jefe del Departamento de Asesoría Legal de la Junta de Control de Juegos, rinde declaración jurada ante la Procuraduría General de la Nación quien concluye que las operaciones de las máquinas tragamonedas están en orden con lo instituido en las leyes nacionales que otorgan este tipo de operaciones y aclara que Lucky Games, S.A. no recibió contratación directa por parte del Estado, sino una autorización para la explotación de máquinas tragamonedas Tipo B.
Como queda claro, las autoridades pertinentes ya demostraron que en este tema no hay delito, alguno, por lo que vale preguntarnos,
¿POR QUE SE ESTA FORZANDO UNA SITUACION TOTALMENTE ILEGAL?
Dr. Ernesto Pérez Balladares - Expresidente de la República
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