La llamada Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, promulgada en 1997, especifica en su artículo 23 que los locales en donde funcionen casinos deben estar ubicados en hoteles cinco estrellas de al menos 200 habitaciones. Y luego, en el artículo 25, establece una excepción sólo para aquellos locales que estén en zonas geográficas previamente declaradas turísticas y cuyo funcionamiento como casino haya sido aprobado en referendo por la parroquia en donde el mismo se encuentre.
Sólo un casino en Caracas (el que funciona en La Trinidad) fue abierto luego de un referendo, pero el mismo no funciona en una zona turística, el referendo no consultó a todos los habitantes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario ni fue convocado ni avalado por el Consejo Nacional Electoral, todos ellos requisitos exigidos por la ley.
El abogado Antonio Silva, experto en Derecho Administrativo, explica que esta Ley de 1997 ha sufrido muchas impugnaciones, pero todas han sido declaradas sin lugar por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La última de todas fue intentada en conjunto por la corporación Maraplay, la corporación Pridibingo e inversiones Concorde contra el artículo 25 de la referida Ley y fue declarada sin lugar por la sentencia 752 del 5 de mayo de 2005.
Estas corporaciones alegaban desigualdad en el trato, pues se les impedía inaugurar casinos invocando esta Ley cuando en la práctica ya funcionaban decenas de estos establecimientos sin necesidad de estar en lugares turísticos y sin haber celebrado referendo alguno. La sentencia de la Sala Constitucional, sin embargo, reafirmó otras que ya habían tenido lugar en los años 2001, 2003 y 2004. Incluso la sentencia 2254 de la Sala Constitucional (año 2001) declaró sin lugar una demanda de nulidad que se intentó contra casi veinte artículos de la Ley de Casinos, entre ellos el 23 y el 25.
¿Cómo es que se ha permitido entonces el funcionamiento de los casi veinte casinos que existen en Caracas? Silva dice que sería necesario revisar caso por caso, pero que seguramente muchos operan por sentencia judicial o gracias a algún amparo dictado por un tribunal (es lo que sucede, ejemplifica, con el Hotel Caracas Palace de Altamira, antiguo Four Seasons).
El Presidente ordenó el pasado domingo cerrar los casinos ilegales. En el caso de Caracas, bien podría haber hablado, simplemente, de "cerrar todos los casinos", pues aquí ninguno se apega a lo que dicta la Ley.
Javier Brassesco - EL UNIVERSAL
Sólo un casino en Caracas (el que funciona en La Trinidad) fue abierto luego de un referendo, pero el mismo no funciona en una zona turística, el referendo no consultó a todos los habitantes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario ni fue convocado ni avalado por el Consejo Nacional Electoral, todos ellos requisitos exigidos por la ley.
El abogado Antonio Silva, experto en Derecho Administrativo, explica que esta Ley de 1997 ha sufrido muchas impugnaciones, pero todas han sido declaradas sin lugar por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La última de todas fue intentada en conjunto por la corporación Maraplay, la corporación Pridibingo e inversiones Concorde contra el artículo 25 de la referida Ley y fue declarada sin lugar por la sentencia 752 del 5 de mayo de 2005.
Estas corporaciones alegaban desigualdad en el trato, pues se les impedía inaugurar casinos invocando esta Ley cuando en la práctica ya funcionaban decenas de estos establecimientos sin necesidad de estar en lugares turísticos y sin haber celebrado referendo alguno. La sentencia de la Sala Constitucional, sin embargo, reafirmó otras que ya habían tenido lugar en los años 2001, 2003 y 2004. Incluso la sentencia 2254 de la Sala Constitucional (año 2001) declaró sin lugar una demanda de nulidad que se intentó contra casi veinte artículos de la Ley de Casinos, entre ellos el 23 y el 25.
¿Cómo es que se ha permitido entonces el funcionamiento de los casi veinte casinos que existen en Caracas? Silva dice que sería necesario revisar caso por caso, pero que seguramente muchos operan por sentencia judicial o gracias a algún amparo dictado por un tribunal (es lo que sucede, ejemplifica, con el Hotel Caracas Palace de Altamira, antiguo Four Seasons).
El Presidente ordenó el pasado domingo cerrar los casinos ilegales. En el caso de Caracas, bien podría haber hablado, simplemente, de "cerrar todos los casinos", pues aquí ninguno se apega a lo que dicta la Ley.
Javier Brassesco - EL UNIVERSAL
No hay comentarios.:
Publicar un comentario