martes, 11 de agosto de 2009

Oficialismo sin consenso

Uruguay - Funcionaros de casinos están realizando contactos con legisladores para que se trate durante este período el proyecto de ley que prohíbe la instalación de tragamonedas en locales comerciales.
En el oficialismo no hay consenso porque algunos sectores están dispuestos a regular la actividad, pero no prohibirla.
Funcionaros de casinos están realizando contactos con legisladores oficialistas y de la oposición para que se trate durante este período el proyecto de ley que prohíbe la instalación de máquinas tragamonedas en clubes, bares y otros locales comerciales. En el oficialismo no hay consenso porque algunos sectores comunicaron que están dispuestos a regular la actividad, pero no prohibirla.
El delegado de los funcionarios de casinos, Álvaro Gamio, dijo a El Espectador que están realizando diversos contactos con los parlamentarios para concientizarlos de la necesidad de que el proyecto sea aprobado durante este período.
“El tema que provocó esta reunión es que el en mes de julio pasado el Poder Legislativo remitió al Parlamento Nacional un proyecto de ley, cuya finalidad es prohibir la explotación de máquinas de azar en comercios; como ser cantinas, almacenes, kioscos, etcétera.
Trascendió en la ultima semana en los medios de prensa que la bancada oficialista no estaría dispuesta a considerar en este momento el citado proyecto de ley, razón por la cual despertó nuestra preocupación, porque si no se trata en este mes de agosto, luego comienza el receso parlamentario y seguramente se difiera para la próxima legislatura, que no se sabe lo que va a pasar” afirmó el jerarca.
Gamio puntualizó que los funcionarios entienden que el proyecto es importante para erradicar la explotación desmedida de estas máquinas en los comercios: “Esto ha generado un perjuicio serio al Estado en varios aspectos, principalmente un perjuicio de índole social; como ser la gran cantidad de menores que se acercan a apostar a estas máquinas; pero, además, hay otros daños colaterales que afectan directamente a las cercas del Estado, porque éste no percibe ni un peso por la explotación de estas máquinas que son ilícitas”, aseguró.
Fuente: espectador

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