Ejecutivo propone severa sanción penal a los juegos de azar ilegales

Uruguay - Días atrás un convenio entre la Dirección de Casinos y la Facultad de Medicina permitía que fondos surgidos del juego se dedicaran a la atención de quienes padecen una irrefrenable compulsión apostadora.
Ahora se anuncia que un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento establece fuertes sanciones contra el juego clandestino. Y el combate a la ludopatía -la enfermedad que padecen los jugadores compulsivos- bien que señala el contraste entre el juego gestionado con la participación del Estado y el que se practica fuera del control de la sociedad, sin hacer aporte alguno al bienestar colectivo. Y justifica que se persiga el juego clandestino con mejores armas que las utilizadas hasta hoy.
En un mensaje y proyecto de ley que ingresó al Parlamento el primer día de esta semana, el Poder Ejecutivo propone un notable acrecimiento de las sanciones penales aplicables a quienes explotan juegos clandestinos. Se trata de una medida oportuna y adecuada para la defensa de la sociedad frente al indudable crecimiento de estas modalidades de juego ilegal en todo el país.
La presentación del proyecto es posterior en apenas algunos días al anuncio de un convenio entre la Facultad de Medicina y la Dirección Nacional de Casinos para la atención de las víctimas de la ludopatía, enfermedad psicológica que hace compulsivo el juego y en muchos casos lleva al suicidio a su víctima, tras arruinar económicamente a una familia. Es bien oportuno referirse a este acuerdo, en tanto señala un contraste esencial entre la consideración al jugador que se brinda en los establecimientos en cuya gestión participa el Estado y la que puede esperarse de particulares que distribuyen tragamonedas en distintos comercios del país y están solamente interesados en maximizar su lucro.
El convenio establece que la Dirección de Casinos brindará importantes medios para que la Facultad pueda instalar en el primer piso del Hospital de Clínicas un consultorio reservado a la atención psicológica de los ludópatas y de sus familias, que también sufren intensamente las consecuencias de la conducta del jugador compulsivo. En cuanto a la detección de quienes requieren este tipo de atención, es obvio que la Dirección de Casinos está en inmejorables condiciones para detectar tempranamente a un jugador en crisis. Según estimaciones medicas, unos 10.000 uruguayos serían víctimas de esa enfermedad de la psiquis.
Vayan estas digresiones para introducir el nuevo proyecto de ley, que la participación estatal en la gestión de los juegos de azar. Y tal cosa se justifica ante el inadecuado argumento que suele escucharse en esta materia, sosteniendo que el juego en los Casinos estatales tiene el mismo riesgo social que en los garitos clandestinos. No es así y abundan los motivos para señalarlo.
El proyecto de ley argumenta en su exposición de motivos que se advierte en el país un crecimiento del juego clandestino, insistiendo en especial en la proliferación de los tragamonedas, hoy diseminados en todo el país y en comercios, bares, centros nocturnos e incluso en entidades sociales y deportivas. Y afirma que el combate a estas indeseables modalidades se ve dificultado por la poca importancia de la sanción penal que el código respectivo le otorga a esa trasgresión.
En la situación actual el juego clandestino es considerado como una “falta” y se castiga apenas con una multa que simplemente no disuade a quienes incurren en la trasgresión.
De resultar aprobado el proyecto, la falta se convertirá en delito y su sanción será de 3 a 24 meses de prisión. Se prevén además nueve agravantes muy generales, al punto de que es difícil imaginar un caso de juego clandestino en el que no se verifique alguna de ellas.
Así, quienes exploten juegos clandestinos de azar estarán genéricamente amenazados por la pena agravada, que es de 12 meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se establece asimismo el decomiso preceptivo de todos los bienes, productos o instrumentos utilizados para la comisión del delito o provenientes del mismo.
Si se decomisa dinero el mismo se repartirá en partes iguales entre el Poder Judicial, el Inau y el Ministerio del Interior. Los bienes muebles afectados al juego pasarán a la Dirección de Casinos, para que los destruya. Los vehículos irán para el Ministerio del Interior y cualquier otro decomiso de bienes o productos se entregará al Inau. Por último se establecerá un registro de infractores en el que se anotarán a todos los que sean procesados por tales infracciones.
Se trata, en fin, de un conjunto de disposiciones que sin duda permitirán perseguir el juego clandestino, atenuando sus efectos dañinos para la sociedad. El juego es una actividad tolerada por el Estado solo en un marco estricto de garantías y controles.
En el juego clandestino pueden adulterarse resultados y trampearse máquinas para que su rendimiento sea el mayor posible para quien las explota. Los tragamonedas, además, están instalados en lugares accesibles a menores, algo inimaginable en los casinos oficiales. Y por último, los beneficios del juego, que la Dirección de Casinos reparte entre actividades de interés social, benefician a un único bolsillo.
De allí el acierto de la propuesta del Ejecutivo, para que el juego sea entre nosotros solamente un entretenimiento para gente con posibilidades económicas, que a la vez es beneficiosa por proveer la financiación de numerosas iniciativas de interés social. Que incluso alcanzan al combate contra las manifestaciones patológicas de la afición por el azar.
Fuente: ultimasnoticias