Combate al lavado de dinero en la industria del juego

España - Un informe internacional sobre “Las vulnerabilidades en el Sector Casinos y Juegos de Azar “, pone de relieve la dimensión política alcanzada por una problemática global que incluye obviamente a América Latina.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) existe desde 1989 como un órgano de formulación de políticas internacionales encaminadas a lograr reformas legislativas y reglamentarias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En la actualidad, hay 34 miembros plenos del GAFI. El Grupo de Asia y el Pacífico (APG) sobre el Blanqueo de Capitales se estableció en Bangkok, capital de Tailandia, en 1997, con carácter autónomo y de colaboración internacional con el GAFI. Cuenta con 39 países miembros.
A finales de marzo pasado, APG y GAFI publicaron un informe sobre “las vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar”, tratando de corregir las deficiencias de las anteriores recomendaciones del GAFI. El estudio fue dirigido por Rachael Horton, de Nueva Zelanda. Las cuarenta recomendaciones del GAFI ya se habían revisado en el 2003, en reconocimiento del hecho de que los casinos, en su más amplia definición, representan el mayor riesgo para actividades de lavado de dinero. Por tal motivo, las obligaciones de estos establecimientos son significativamente mayores en relación al mantenimiento de registros, la presentación de informes de sospecha y la completa regulación y supervisión de la actividad.
Los juegos de azar online y el juego ilegal quedaron al margen del alcance del estudio, una ausencia altamente sensible si se tiene en cuenta el vertiginoso desarrollo de esta actividad, las particularidades que plantea para su control, el empleo de las nuevas de las tecnologías de la información, la condición fuertemente transnacional de las apuestas por Internet y las dificultades que surgen de su todavía escasa regulación internacional, sujeta a varias controversias internacionales.
El informe consigna que un importante número de jurisdicciones con los juegos de azar legalizados no requieren a sus casinos someterse a los controles de blanqueo de capitales. Desde el 2007, hay más de 150 países que tienen algún tipo de regulación legal para los juegos de azar, con ingresos que ya llegaron a más de de 70 billones norteamericanos de dólares en el 2006.
El estudio advierte que los casinos suelen ofrecer los servicios financieros, como divisas y cuentas, pero a menudo sólo están regulados como lugares de ocio.
Un área de preocupación para el GAFI son los casinos denominados junket, ampliamente utilizados en Asia, las Américas y el Caribe y en menor medida en Europa, una operación que está a cargo de empresas especializadas que se encargan de invitar, trasladar y pagar la estadía y la entrada a jugadores VIP en casinos de alta categoría.
La vulnerabilidad de este sistema reside en que implican un movimiento de grandes cantidades de dinero a través de las fronteras, y a través de múltiples casinos por parte de terceros, crea capas de oscuridad alrededor de la fuente y la propiedad del juego y la identidad de los jugadores.
Pocas regulaciones limitan estas operaciones
Los clientes VIP, tan queridos por los casinos, y a menudo asociados con junket, son potencialmente un riesgo para el blanqueo de capitales. También es motivo de preocupación los juegos de azar de cruceros que operan en aguas internacionales, con poca o ninguna supervisión normativa. Autorregulaciones directrices se publicaron en 1999 por el Consejo Internacional de Líneas de Cruceros, pero se desconoce la real medida en que el mantenimiento de registros y la presentación de informes de actividad sospechosa son llevados a cabo por los operadores. Por otra parte, el control de estos cruceros plantea complejas cuestiones de derecho internacional.
El estudio de AGP y GAFI concluye que es alentador que 77 jurisdicciones con casinos legalizados sean, de una forma u otra, miembros del GAFI y que el sector casinos presenta un mayor nivel de cumplimiento de las normas GAFI que otros DNFB (Designated Non-Financial Business and Professions). Sin embargo, una cuestión clave es que lo que los casinos hacen es insuficiente para establecer la fuente de los fondos. No es el casino quien tiene la responsabilidad de determinar si el lavado de dinero, pero está sí obligado a informar sobre actividades sospechosas, dejando el asunto a las autoridades competentes.
En definitiva, AGP y GAFI pretenden avanzar en el perfeccionamiento de las regulaciones existentes, tanto nacionales como internacionales, para reducir los riesgos derivados del lavado de dinero, actividad que incluye consecuencias tan serias como la financiación del terrorismo, un peligro que concentra cada vez más la preocupación de la comunidad internacional.
En el 2008, el GAFI había emitido un documento en el que plantea que, en la práctica, los jugadores tendrían que quedar asimilados a la categoría de los clientes de un banco y tendrían que ser identificados para descifrar la relación entre las apuestas que realiza y su perfil patrimonial. Los órganos de control tendrían la obligación de conocer la participación accionaria y el origen de los fondos de la sociedad concesionada para la explotación de todos los establecimientos de juego, así como los posibles eventuales beneficiarios del emprendimiento. El documento afirma que debe prestarse especial atención a las “personas políticamente expuestas”, esto es a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, sus familiares y personas vinculadas, a fin de prevenir el lavado de dinero originado en la corrupción política.
Las casas de juego tienen también que elaborar una base de dato para sus operaciones, las que tienen que quedar disponibles para el escrutinio de una autoridad pública independiente. Por último, los operadores deben monitorear a sus empleados para evitar la connivencia con apostadores que busquen lavar dinero.
América Latina
En relación a América Latina, existe una particularidad significativa, que requiere una atención especial por parte de las autoridades y de todos los sectores interesados. En términos generales, la discusión sobre las regulaciones sobre los casinos en relación al lavado de dinero suele partir del supuesto de la existencia de un sector de juegos de azar que funciona plenamente en la legalidad y está sometido al control de los organismos de regulación. Ese supuesto no es válido para la mayoría de los países latinoamericanos, donde el juego ilegal todavía ocupa una franja altamente significativa del mercado y se convierte en una suerte de “paraíso fiscal” para el lavado de dinero. La máxima prioridad entonces para la lucha contra las prácticas de lavado de dinero en el sector del juego en el escenario latinoamericano es una acción decidida y eficaz contra el juego ilegal.
En los países en que, como tal como ocurre en la Argentina, donde -a pesar de lo mucho que todavía falta por hacer en ese terreno - el juego legal alcanzó un rol absolutamente preponderante, es necesario perfeccionar los sistemas legales e incrementar la capacidad de los organismos de control. Un interesante trabajo publicado recientemente por dos especialistas en el tema, los abogados Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani, contiene un dato significativo: en los últimos seis años, la Unidad de Inteligencia Financiera (organismo competente para la lucha contra el lavado de dinero) investigó 4.300 reportes de operaciones sospechosas, de las cuales sólo nueve provenían de la actividad de los juegos de azar. Los autores del estadio concluyen en que “puede comprobarse que la incidencia del lavado de dinero en los juegos de azar resulta inexistente para nuestros organismos de represión penal”.
Una de las alternativas dignas de estudio consiste en una redefinición de las facultades que las leyes otorgan a los órganos de regulación de la actividad del juego, que les permita tener una injerencia más directa en la prevención y el castigo del lavado de dinero, mediante una estricta supervisión del cumplimiento por parte de los operadores de las normas que los obligan a informar en tiempo y forma sobre las operaciones sospechosas que tengan lugar en los establecimientos.
Fuente: gamesmagazine/Ignacio Creu