miércoles, 10 de junio de 2009

Operativo de orientación sobre tragamonedas ilegales.

Puerto Rico - La Compañía de Turismo realizó un operativo de orientación sobre tragamonedas ilegales en el que supuestamente se comprobó que al menos un supermercado en Caguas violaba la Ley de Juegos de Azar al pagar a los ganadores.
El director ejecutivo de Turismo, Jaime López Díaz, advirtió que los administradores de estas máquinas de entretenimiento tienen que poseer el marbete del Departamento de Hacienda y no están autorizados a pagar con dinero a los ganadores de los juegos.
“Aún cuando tengan el marbete del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, esta práctica es ilegal. Este marbete sólo autoriza a colocar las máquinas tragamonedas para utilizarse como entretenimiento y no con el fin de pagar a los participantes de los juegos”, sostuvo en un comunicado.
Detalló que los únicos casinos que pueden poseer y administrar tragamonedas, bajo las leyes estatales y federales que estipula Turismo, son los que están ubicados en los hoteles de Puerto Rico.
Como parte del operativo de orientación se visitaron tres comercios: el Supermercado Econo, frente a Plaza del Carmen en Caguas; el centro de entretenimiento La Pirámide, en Caguas; y el supermercado Pueblo de Altamira, en Guaynabo.
“Aún cuando los responsables de la administración de las máquinas de entretenimiento en los comercios visitados aseguraron que no se pagaba a los jugadores ganadores, los miembros del operativofueron testigos de la reclamación de uno de ellos”, señaló el funcionario.
Detalló que el señor Juan Molina reclamó a la administradora del área de juegos dentro del supermercado Econo, Linet Díaz, un premio de $25. El jugador aseguró que en otra ocasión se había ganado un premio de $300 y que otra persona recibió un premio de $525.
“Estas declaraciones contradijeron lo anteriormente plateado por la administradora del área de juegos, quien se negó a pagar el premio a Juan Molina y se fue del lugar”, manifestó.
Advirtió que las penalidades aplicables al operador o representante que esté violando la ley van desde multas ascendentes a $2,250 o la revocación de sus permisos.
Según el funcionario, esta violación de la Ley de Juegos de Azar pone en riesgo los 75,000 empleos con que cuentan los casinos de la industria hotelera del país, así como el fondo de la Universidad de Puerto Rico que se nutre de esos fondos.
Fuente: primerahora

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