Juego, corrupción y escándalo

México - Una de las opciones que se barajan para compensar este año la caída del ingreso de divisas por la disminución de las exportaciones, de las remesas y de los precios del petróleo, es la autorización para operar casinos en el país. Las altas utilidades de esa actividad representarían para el gobierno, además, una gran posibilidad de captación fiscal.
Se sabe que en comisiones de la Cámara de Diputados ya existe la iniciativa de ley correspondiente, y que la proposición es que los casinos operen en puntos turísticos y fronterizos, no en las grandes ciudades.
Si los casinos no libraran la aprobación del Congreso —pues para nadie es ajeno que se trata de un tema polémico que ya ha merecido el rechazo en anteriores intentos de aprobación—, los legisladores pretenden que, por lo menos, se apruebe una nueva ley de juegos y sorteos que sustituya a la que está vigente desde el 31 de diciembre de 1947, y se obligue a la redacción de un nuevo reglamento que opere en lugar del muy permisivo, expedido el 17 de septiembre de 2004 por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, ante la falta de consenso legislativo.
Dicho reglamento no terminó, como se dijo en su momento, con la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y la corrupción cubierta por la opacidad. Por el contrario, sirvió de base para que, unos cuantos días antes de renunciar a Gobernación —el 1 de junio de 2005— y lanzarse como precandidato presidencial del PAN, Creel otorgara nuevos permisos a quienes, eventualmente, respaldarían su campaña política.
Antes del reglamento de marras estaban prohibidas, entre otros juegos, las máquinas tragamonedas, sin que nada se dijera de las máquinas de habilidad y destreza. Eso dio lugar a que las operara el permisionario de Cesta Punta Deportes, José María Guardia, motivo por el cual sus establecimientos fueron clausurados. El nuevo reglamento las prohibió explícitamente y, sin embargo, prácticamente todos los actuales permisionarios las operan. Guardia ganó un amparo y ahora es el único autorizado a manejarlas, ya que la ley no es retroactiva.
Por cierto que Guardia pidió a través de los mecanismos de información pública copia del permiso otorgado a uno de sus competidores en Ciudad Juárez, el de Comercial de Juegos de la Frontera. El IFAI obligó al director general adjunto de Juegos y Sorteos, Roberto Correa Méndez, a entregar la información. Una irregularidad evidente es que, según los documentos mostrados por Guardia, el permiso 723/97 fue otorgado con vigencia indefinida, lo que no ocurre con ningún otro. Ello lleva al denunciante a suponer que se trata de la falsificación de un permiso firmado en diciembre de 1997 por el entonces director adjunto de Juegos y Sorteo, Juan Burgos Pinto, hoy fallecido.
Lo anterior, en todo caso, tendría que ser investigado. Pero lo que es un hecho es que hay irregularidades desde la autorización de máquinas de azar, prohibidas por el reglamento vigente, hasta la autorización de libros foráneos (apuestas remotas), sin que se cumpla con la condición de que para operarlos debe abrirse primero algún tipo de espectáculo en vivo (galgódromos y/o hipódromos), así como el posible otorgamiento de permisos a perpetuidad.
Si el asunto no se transparenta y castiga cuanto antes, el problema podría estallarle al gobierno y al PAN, en un momento en que ya están muy cercanas las elecciones federales intermedias de julio de 2009.
Fuente: eluniversal