Chile - A la cuantiosa inversión recién aprobada, se debe sumar la de los 15 nuevos casinos de juego ya autorizados.
Un paso relevante para la reactivación de la economía de la mayoría de las regiones del país, con fuerte impacto en el área del turismo, culminó ayer, con el cierre del proceso de otorgamiento de permisos de funcionamiento de casinos de juego, dentro del marco de la nueva ley que regula esta actividad. Del total de 12 proyectos en actual construcción, durante 2008 serán certificados e inaugurados otros cuatro proyectos, mientras que los restantes ocho estarán en funcionamiento en 2009.
Ayer, el Consejo Resolutivo otorgó los últimos tres cupos disponibles a nivel nacional, eligiendo unánimemente a los proyectos presentados en Ovalle, Castro y Coyhaique. Las tres iniciativas implican una inversión total de US$ 76,4 millones, la creación de 1.146 empleos directos, de 1.519 indirectos, y la generación durante 2011 de cerca de $ 1.506 millones para inversión en obras de desarrollo regional y comunal en 2011.
No es desdeñable este proceso, porque a la cuantiosa inversión recién aprobada, de US$ 76,4 millones, se debe sumar la de los 15 nuevos casinos de juego ya autorizados en 2006 que actualmente implican para 10 regiones del país un total de US$ 634,6 millones de inversión y 468 mil m2 edificados aproximadamente, entre ellos, el casino de Los Angeles.
Como lo expresó María Olivia Recart, subsecretaria de Hacienda (de la cual depende la Superintendencia de Casinos) se trata de una inversión total de US$ 711 millones, de los cuales 53,4% corresponde a inversión extranjera y 46,5% a capitales nacionales. Asimismo, la nueva industria crea 9 mil 453 empleos directos, 16 mil 968 indirectos, y generará cerca de US$ 58,4 millones para inversión exclusiva en obras de desarrollo regional y comunal al primer año de funcionamiento.
Si bien se trata de una inversión privada, que puede optar por el lugar que desee, debieron esas empresas nacionales e internacionales ajustarse a la estricta norma legislativa, para regular exhaustivamente esta industria, que suele asociarse a aspectos negativos del desarrollo de la sociedad.
No en vano la competencia fue fuerte y llevada adelante con la mayor seriedad, considerando que la Superintendencia no es la única obligada a velar por estos procesos de adjudicación, ejecución y funcionamiento de los centros de juego, sino que esos inversionistas privados tienen que ceñirse a decisiones colegiadas –no de autoridades unipersonales- de los concejos municipales y de los gobiernos regionales donde querían instalarse.
Por otra parte, las 18 sociedades operadoras de los nuevos casinos de juego deben pagar un impuesto específico del 20% de los ingresos brutos del juego, correspondiéndole la mitad a la municipalidad en donde se localizan los casinos de juego, y la otra mitad al gobierno regional correspondiente. Más allá de las diferencias en la estimación de valores que, en el caso de Los Angeles, recibirían el municipio y el Gobierno Regional, son cifras de cientos de millones de pesos, que no estaban en las arcas públicas y que la ley define como de dedicación exclusiva para proyectos sociales, no para gastos operacionales. Por ello, es recomendable que se depositen aquellos aportes en cuentas corrientes aparte de las demás del municipio, para visualizar con facilidad a qué se destinen los fondos.
Actualmente, en Chile existen 22 casinos de juego autorizados para funcionar. Quince de ellos los aprobó por unanimidad el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego el 2006, y los restantes siete corresponden a concesiones municipales autorizadas a través de leyes especiales entre 1928 y febrero de 1990.
Es cierto que la tentación para los ludópatas está ahí mismo, más cerca, pero serán las familias las que deben enseñar a las nuevas generaciones a ser autocontroladas. Lo evidente es que hay proyectos que están impactando en la economía y la sociedad, que deben ser bienvenidos, con las correspondientes fiscalizaciones y adecuaciones, de manera de minimizar todo aspecto negativo.
Fuente: diariolatribuna
miércoles, 13 de agosto de 2008
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