Una de esas voces corresponde al senador del PRI, Francisco Labastida Ochoa, quien algo debe saber del tema, pues fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Otra voz es la del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien en días pasados dio a conocer una propuesta para prohibir nuevos casinos.
El debate sobre permitir o no el funcionamiento de casinos en México lleva más de 20 años.
En realidad se trata de un falso debate, porque estrictamente los casinos como tales no están prohibidos. La palabra “casino” no forma parte ni de la Constitución ni de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Los casinos, por lo tanto, no están prohibidos como tales, aunque tampoco están expresamente permitidos.
Lo que prohíbe la Ley Federal de Juegos y Sorteos desde su artículo primero son los “juegos de azar y los juegos con apuestas”.
Pero la redacción tan ambigua de esta ley, que data de 1947, permite a la Secretaría de Gobernación, en su artículo tercero, regular los juegos en donde intervengan apuestas, aunque las prohíba en su artículo primero.
Tras 64 años de su promulgación, esta ley quedó rebasada por la realidad, pues los juegos de azar y de apuestas siempre han existido, aunque hasta hace algunos años se realizaban en total clandestinidad.
En todas las cantinas, grandes o pequeñas, se juega a las cartas o a los dados y se realizan apuestas. Para evitarlo, la Secretaría de Gobernación tendría que contar con un ejército de inspectores esparcido en todo el territorio nacional.
La autoridad fue la primera en violar la ley, al otorgar permisos para el establecimiento de hipódromos—permitidos expresamente por la ley—, pero en los cuales se realizan apuestas.
Posteriormente, a principios de los años noventa, se generó una polémica cuando la Secretaría de Gobernación otorgó autorizaciones para el establecimiento de centros conocidos como Jockey Turf Club en el Distrito Federal, uno de los cuales estaba en Bucareli, cerca de la dependencia.
Los asistentes a estos centros podían seguir las carreras de caballos desde una pantalla de televisión y realizar apuestas de manera electrónica mientras ingerían bebidas alcohólicas.
Después empezaron a proliferar las casas de apuestas que tenían todo lo que tiene un casino, menos el nombre, y cuyo monopolio tuvo durante muchos años Carlos Hank Rhon.
Y en el sexenio de Vicente Fox se multiplicaron las casas de apuestas en virtud de los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación a competidores de Hank.
Prohibir expresamente los casinos mediante una reforma al marco jurídico implicaría desmantelar estas redes de empresas dedicadas a esta forma de entretenimiento y generaría un mercado negro imposible de controlar.
Sería más adecuado expedir una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos y un nuevo Reglamento, acordes a la realidad actual, que regulen de manera estricta la industria de las casas de apuestas.
Cerrar los casinos no inhibirá la acción de la delincuencia organizada, pues existen miles de establecimientos de otros giros que cotidianamente son víctimas de la extorsión y de agresiones.
En cambio, una buena regulación de los casinos permitiría llevar un control riguroso de los propietarios e inversionistas de las empresas que se dediquen a las casas de apuestas.
Generaría transparencia en el otorgamiento de permisos y procuraría condiciones de seguridad para los visitantes de estos establecimientos.
Las prohibiciones solo llevan al surgimiento de mercados negros y a la comisión de delitos derivados de la obtención de ganancias de manera ilícita.
Autor: José Contreras
Fuente: La Crónica de hoy
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