México - Preparan un documento que recoge una serie de denuncias en contra de los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona, propietarios de diversos centros de juegos.
Legisladores del PRI y PRD tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, preparan un documento que recoge una serie de denuncias en contra de los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona, propietarios de diversos centros de juegos de apuesta, mismos que, aseguran, fueron obtenidos sin cumplir con los requisitos legales durante la gestión de Santiago Creel en la Segob.
A esta investigación se suma la demanda presentada en Estados Unidos en contra de una de sus empresas por fraude de 6.5 millones de dólares en perjuicio de 540 miembros de una tribu del Lago de Michigan, por una presunta sociedad en un casino de Guadalupe, Nuevo León México.
De acuerdo con el expediente que compilan los legisladores, la denuncia de este último incidente fue presentada por Jim Williams, abogado de los afectados, y difundida por el diario Indian Country Today, el pasado 16 de enero del 2009.
La querella fue presentada originalmente en Tribunal Superior de Justicia de Arizona en abril del 2008, y esta fue turnada al Tribunal de Distrito, la amplia lista de reclamaciones va desde “incumplimiento de contrato, la conversión, la violación del deber fiduciario, el fraude, la violación de la alianza implícita de buena fe y trato justo y constructivo de confianza”.
De acuerdo con la demanda, los hermanos Rojas Cardona invitaron a invertir seis millones y medio de dólares a los 540 integrantes de la tribu Lago del Desierto (LVD) en el Casino de Guadalupe, Nuevo León, prometiéndoles un 26 por ciento del capital y el 26 por ciento de los ingresos netos del casino.
Los afectados consideraron la oferta como “atractiva como un proyecto de desarrollo económico”, además de que las partes convinieron en que la legislación estadounidense que rige la inversión y el estado de Arizona sería el foro de solución de controversias.
Sin embargo, desde que los afectados realizaron la transferencia de fondos de la inversión en 2006, los demandados no han pagado la cuota que prometieron a la tribu así como los beneficios del casino, y por el contrario han utilizado la inversión “para sus propios fines”, incluyendo la compra de máquinas tragamonedas para otros los casinos que operan.
El expediente contiene un “acuerdo de depósito” en el que los Rojas Cardona se comprometen a depositar día a día el 26 por ciento de los ingresos netos del casino de Guadalupe, Nuevo León; o la creación de un fondo fiduciario para estos ingresos.
El abogado Williams sostiene que esto no ha ocurrido desde el 2006. Sin embargo, la tribu ha logrado realizar el seguimiento de los ingresos del casino a través del diario electrónico de los informes.
“Es irónico que nos informan cada día en la forma en que el casino está creciendo y, sin embargo, no tenemos dinero.
En este punto, con los ingresos que se generan, nos deben más de un millón de dólares”, afirma Williams, quien señala que ha recurrido a las autoridades mexicanas en busca de ayuda, pero que esto ha sido infructuoso.
“Hablamos con un número de funcionarios de gobierno en México y no estamos muy a gusto con eso.
Casi parece que de alguna manera están comprados. Son muy resistentes y no tan abiertos como pensamos que podría ser “, dijo, a pesar de que se les ha informado a las autoridades que al menos Juan José Rojas Cardona vive en Monterrey.
Hay que recordar que los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona, fueron beneficiados el pasado mes de mayo del 2005 con el permiso número DGAJS/SCEVF/P-06/2005 a nombre de Entretenimiento de México S. A. de C. V., uno de los 25 controvertidos permisos otorgados por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel.
Además de que han sido acusados de operar el juego ilegal en México con maquinas tragamonedas -prohibidas por la Ley federal de Juegos y Sorteos- en sus casinos, y de realizar operaciones simuladas con otra empresa de su propiedad denominada, Juegos de Entretenimiento y Videos de Monterrey S. A. de C. V., en ambas, la mayoría de los establecimientos con razón social “Palmas” con la cual presuntamente evaden impuestos federales; así como contar con antecedentes penales en México y Estados Unidos.
Fuente: elporvenir
martes, 10 de febrero de 2009
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