Por si el reto no fuera suficientemente complicado, la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) denuncia que mientras sus negocios debe soportar una fiscalidad de hasta el 60% sobre los ingresos brutos, el juego online aplica un tipo del 25%.
"Estamos discriminados", señala Heliodoro Giner, secretario general de la AECJ, que defiende la aportación económica de los casinos tanto a nivel de empleo como de inversiones. El sector se agarra como a un clavo ardiendo al artículo 35 de la Ley del Juego, que insta al Estado y a las comunidades autónomas a "equiparar el régimen jurídico aplicable, incluido el ámbito tributario, al juego realizado a través de canales electrónicos y al juego presencial".
Sin embargo, una cosa es lo que diga la ley y otra muy distinta que la Administración la cumpla en toda su extensión. El sector teme que, ante la situación de crisis actual, las comunidades prioricen otros temas y se olviden de la exigencia de equiparar a los distintos actores de los juegos de azar. Así, los casinos tienen un hándicap añadido en la medida en que dependen de la legislación autonómica, y resulta complicado que los Gobiernos regionales logren consensuar sus actuaciones en este sentido.
Ángel María Escolano, director general presidente de la AECJ y del Grupo Gran Madrid, señala que, desde su aparición, el juego online ha supuesto una "competencia desleal" y que ahora, tras su regulación, parte con ventaja respecto a los casinos tradicionales. Por ejemplo, apunta que el proceso de homologación de los juegos online del Casino Gran Madrid -el primer casino online legal en España- ha durado más de dos años. Y durante este tiempo, otras empresas radicadas en territorios como Gibraltar aprovecharon el vacío legal existente y lograron una inmensa base de datos de clientes en España al operar al margen de la legislación, "sin pagar impuestos, ni homologar sus juegos".
Por otra parte, Escolano lamenta que la elevada fiscalidad que soporta el juego presencial conlleva que incluso algunos casinos deban pagar a Hacienda a pesar de tener pérdidas. Ello es así porque la tasa sobre el juego se aplica sobre los ingresos brutos en lugar de gravar los beneficios.
Sin exenciones en el IVA
La fiscalidad penaliza la actividad de los casinos en otros aspectos. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de empresas, los casinos no pueden deducirse el IVA, ya que la legislación los considera como destinatarios finales del impuesto. Además, el impuesto de actividades económicas (IAE) -un tributo que gestionan los entes locales- se calcula sin descontar la tasa sobre el juego. A juicio del sector, ello se debe a un error en la redacción de la ley que desincentiva la apertura de mesas de juego y, por tanto, la creación de empleo.
En la medida que la competencia del juego presencial está transferida a las comunidades autónomas, los empresarios del sector deben acoplarse a múltiples legislaciones. La normativa autonómica puede llegar incluso a fijar el uniforme de los empleados de los casinos. Los operadores señalan que resulta costoso y largo el proceso para homologar un juego nuevo, ya que deben dirigirse a todas y cada una de las comunidades autónomas.
Tabaco y juego, divorcio forzado
La Ley Antitabaco, que a partir del 1 de enero de este año prohibió fumar en todos los locales de ocio, ha supuesto, según la Asociación Española de Casinos de Juego, una caída de los ingresos del 15%. La conexión entre tabaco y juego está muy arraigada en el imaginario popular y, según los datos económicos de la AECJ, con fundamento. El sector del juego tradicional argumenta que incluso en países con una legislación muy dura contra el tabaco como es Estados Unidos se permite que los casinos tengan zonas habilitadas para fumadores.
Por otra parte, señalan que la restricción de fumar en los casinos beneficia al juego online, que ofrece la posibilidad de que los jugadores puedan entrar desde sus viviendas en casinos virtuales sin que nadie les prohíba fumar mientras realizan sus apuestas.
Fuente: Cinco Días
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