jueves, 24 de noviembre de 2011

El TCR observó contrato directo para un casino

Uruguay - El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó a la Dirección General de Casinos, que depende del Ministerio de Economía, por haber realizado una contratación directa sin licitación para la construcción de un casino bajo el sistema de explotación mixto en Atlántida. Proyecto implica una inversión de casi US$ 11 M.Según el TCR, el argumento planteado por la Dirección General de Casinos en cuanto a la "notoria escasez de los bienes o servicios a contratar" no puede ser aplicado en este caso para no realizar una licitación.
El proyecto para habilitar el casino en Atlántida fue otorgado a Resoluciones Informáticas S.A. (Reinsa), en el marco de un complejo hotelero que se prevé construir en ese balneario de la Costa de Oro.
El pasado 11 de julio, la Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejó a la Dirección General de Casinos aprobar el proyecto de Reinsa, que fue la única empresa en presentar un proyecto.
"Al no realizarse un procedimiento competitivo" como hubiera correspondido por ley, "no hubo oportunidades de evaluar otros proyectos alternativos", dice la resolución, a la que tuvo acceso El País, y en la cual el TCR observó el procedimiento de adjudicación.
El proyecto implica una inversión de US$ 10.700.000 "y comprende la construcción de un hotel cuatro estrellas de 44 habitaciones, un centro de convenciones y un casino de última generación".
El proyecto detalla que el casino constará de 150 slots y 12 meses de juegos tradicionales, mientras que el hotel contará con spa, gimnasio, cine, sala de juego para niños, una sala de conferencias, confitería y restaurante, en otras cosas.
De acuerdo con las estimaciones realizadas en el proceso de adjudicación, la rentabilidad diaria por slot en el primer año de funcionamiento del casino sería de US$ 95 (con una proyección de un aumento anual del 1%) a lo que debe sumarse el rendimiento mensual de los juegos de paño, que se ubica en los US$ 11.000.
El informe del TCR también señala en su resolución que el costo que debe asumir la Dirección General de Casinos para obtener los ingresos proyectados de este nuevo emprendimiento en Atlántida "representa casi un 80% de éstos, restando tan solo una utilidad del 20% para el Estado y que el oferente proyecta poseer una participación en los resultados líquidos del negocio superior a la del Estado".

Fuente: El País

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