
La congresista De Frade, quien preside la Comisión Legislativa de Transparencia, opinó que “los casinos son lugares donde no se entrega facturas, no pagan Impuesto Sobre la Renta y eluden la fiscalización de la SAT, porque se escudan en funcionar por delegación de la CDAG, entidad exenta de hacer declaraciones”.
Además, considera que el reglamento que permite el funcionamiento de los casinos donde proliferan los juegos de azar es inconstitucional porque su base es la Ley del Organismo Ejecutivo y no la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, siendo la CDAG una entidad autónoma y porque la SAT cataloga estos negocios como ilícitos, por la evasión fiscal que ocasionan.
El rechazo que tiene el funcionamiento de casinos en Guatemala, en especial el que delegó la CDAG a la empresa Classenvil, ha llegado a las más altas esferas de Gobierno.
El pasado 31 de agosto, el presidente Álvaro Colom giró instrucciones para que la Procuraduría General de la Nación tomara acciones legales para que se deduzcan responsabilidades a todos los involucrados en la negociación, ya que la “concesión directa” no cumple con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
Otra normativa que violenta el funcionamiento de los casinos es lo que establece el Artículo 477 del Código Penal, que estipula prisión de 1 a 5 años y multas de Q1,000 a Q10 mil a los responsables en promover casas de juego de suerte o azar.
De Frade también refiere “hay que recordar que en estas casas de juego se recibe mucho dinero en efectivo que no es fiscalizado razon suficiente para pensar que estos lugares son propicios para lavar dinero”.
Millonarias apuestas en zonas controladaspor el narcotráfico
Una publicación de elPeriódico del 12 de enero de 2009, detalla que algunos de los casinos que funcionan en Guatemala están ubicados en áreas donde opera el narcotráfico. Izabal, San Marcos, Petén, Escuintla y Suchitepéquez son algunos ejemplos y han proliferado porque es fácil lavar dinero por la falta de controles.
En 2006, el Informe Estratégico del Tráfico Internacional de Drogas, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU. concluyó que “en Guatemala no existe control sobre los casinos y juegos de azar, lo que hace que prolifere el lavado de dinero”.
En el informe de 2008, Guatemala es ubicada como una de las 57 naciones a nivel mundial que son calificadas como “principal preocupación” en lavado de dinero, porque no existen controles estrictos para las grandes transacciones en efectivo.
La mayoría de estos negocios funcionan con autorización del Ministerio de Gobernación y se esconden tras la fachada de ser video-loterías. La inversión estimada para construir un casino es de US$25 millones.
En la capital, los casinos están abiertos todo el día, algunos están en centros comerciales muy visitados.
Los contratos anómalos autorizados
Amparados en un reglamento que viola la Constitución de Guatemala, porque permite el funcionamiento de negocios ilícitos según lo establecido en el Artículo 477 del Código Penal y lo que contempla el Código Civil, la CDAG ha otorgado tres contratos sin hacer licitaciones públicas y ha permitido tres subcontrataciones, además ha recibido dinero que podría provenir de lavado de dinero.
1. El primer contrato por diez años que “delegó” la CDAG para la operación de juegos de video-lotería, que no están relacionados a los vaticinios deportivos como lo establece la Ley del Deporte, se produjo en abril de 2003, cuando la empresa Intergames de Guatemala, S.A., resultó beneficiada.
2. Dos años más tarde, la CDAG avaló la primera subcontratación directa. Intergames requirió los servicios por diez años de la empresa Thunderbird, S.A., que es la administradora de Casinos Fiesta.
3. El 3 de junio de 2005, la CDAG, por medio de una carta firmada por el entonces gerente general, Víctor Hugo Alonzo Marroquín, autorizó que Intergames subcontratara por diez años a la empresa Desarrollo G, para que fuera “el operador exclusivo de loterías en línea lo cual incluye la venta de loterías instantáneas raspaditas, loterías electrónicas, apuestas deportivas en línea, etcétera”.
4.El último contrato fue suscrito en junio de 2007. José Alex Dwight Moncrieff, en representación de la CDAG, estableció un convenio por 25 años con la empresa Operalot, S.A. para que esta pusiera en funcionamiento “juegos novedosos en línea a través de medios electrónicos”.
El Periódico
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