Empezaron a juzgar a policías y civiles por coimas en el juego clandestino

Argentina - Una denuncia formulada por la Cámara de Agentes Oficiales de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, en el 2001, en el marco de la actividad de juego clandestino en Junín, radicada ante el Juzgado Correccional Nº 2, a cargo en ese entonces de la jueza Rita Gavernet, generó una investigación por la cual se llevó a procesar a diez personas, entre civiles y policías.
Ayer dio comienzo un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Nº 1 en lo Criminal, que integran los jueces Miguel Angel Vilaseca, Andrés Ortiz y Karina Piegari, bajo la acusación de la fiscal de juicio Mirta Monclá por “Cohecho, violación deberes de funcionario público y violación de secretos”.
Los imputados llevados a juicio son Gustavo e Ignacio Canullán, Carlos López, Alberto y Néstor Terque, Mario Campaña, Eduardo Colman, Marcelo Adaro, Juan Carlos Gavilán y Fabiana Moro, actualmente radicada fuera del país, ausente en este juicio.
La investigación generó más de una causa que se agregaron a la principal, y la llevó adelante el fiscal Carlos Colimedaglia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 en lo Criminal.
Origen
El hecho fue detectado a partir de la formulación de la denuncia formulada por la Cámara de Agentes Oficiales de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires en el 2001 sobre el juego clandestino en Junín, la titular del Juzgado Correccional Nº 2, Rita Gavernet, abrió una investigación, donde se estableció la presenta responsabilidad de un suboficial de la Policía bonaerense asignado a ese Juzgado de pasar información a personas acusadas de participar en el juego clandestino; esencialmente los días y horas en que se iban a realizar allanamientos.
Se trata de Carlos López, suboficial que cumplía funciones en calidad de adscrito en el referido juzgado. En su línea acusatoria, la fiscal Mirta Monclá aseveró que en el transcurso del debate va a demostrar que en su condición de funcionario público López procedió a aceptar promesas de Gustavo y Rodolfo Canullán tendientes a revelar información y datos que le habían sido confiada por la magistrada en forma confidencial y secreta, dando cuenta de un verdadero acuerdo explícito entre los oferentes y el funcionario público, quien aportaba datos concretos sobre la marcha de la investigación en un claro favorecimiento a través de coimas, de las personas objetas a investigación, ayudando a los nombrados a sustraerse de la acción de la justicia, buscando con su accionar obtener un beneficio patrimonial.
Hay otra causa (696/2002) agregada por cuerda a la principal, sobre la cual la fiscal acusa al suboficial Carlos López, que en su condición de funcionario público mantenía contacto con otras dos personas de sexo masculino y otra femenina, identificadas como Eduardo Colman, en ese momento titular de la Comisaría Segunda, Marcelo Adaro, policía de la DDI, y Fabiana Moro, policía que se desempeñaba en el área de Logística de la Departamental Noroeste de Seguridad con asiento en nuestra ciudad, procediendo a revelar información y datos sobre procedimientos que le habían sido confiados por la magistrada Gavernet, en claro favorecimiento de las personas sujetas a investigación por el juego clandestino.
En este causa hay un hecho número 2, donde se imputa al entonces comisario Eduardo Colman y oficial Marcelo Adaro, aceptar en forma directa de parte de Gustavo y Rodolfo Canullán dinero que le ofrecían con el fin de favorecerlos en su activad de juego clandestino.
También dijo que acreditará que el oficial Adaro, en acuerdo explícito con los imputados Alberto y Néstor Terque, acepta dinero que le ofrecían con el fin de favorecerlos en su actividad de juego clandestino, ayudando a los nombrados a sustraerse de la acción de la justicia.
Con respecto a un cuarto hecho, la fiscal Monclá afirmó que va a demostrar durante el debate que el entonces jefe de la departamental Noroeste de Policía, comisario mayor Mario Campaña, y la policía Fabiana Alejandra Moro, actualmente prófuga, que cumplía funciones en la Departamental, en sus condiciones de funcionarios públicos y con el imputado Juan Carlos Gavilán, “en un verdadero acuerdo explícito entre el oferente y los funcionarios aceptan éstos últimos dineros que aquel les ofrecía con el fin de que no cumplieran la tarea de prevenir el juego clandestino, a sabiendas de la instalación de una ruleta en los clubes Colonial de Ferré y 12 de Octubre de General Arenales, logrando con su accionar obtener un evidente beneficio patrimonial”.
Gavernet
Entre los once testigos que prestaron declaración ayer, la primera fue quien se desempeñaba como jueza Correccional, la doctora Rita Gavernet, quien radicó la denuncia ante la UFI del fiscal Colimedaglia.
La ex magistrada reconoció que el suboficial Carlos López trabajaba en su juzgado en calidad de adscrito. “Había venido para ayudar en las causas contravencionales y faltas. Gozaba de una absoluta confianza y teníamos un muy buen concepto de él”.
Narró que las escuchas telefónicas se dispusieron se generan a partir de una denuncia de la Cámara de Agentes Oficiales de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires.
“Se hicieron una serie de actuaciones y luego se dispuso la intervención de los teléfonos de los presuntos contraventores, como eran en esa época. Esa causa la íbamos a manejar con López, porque se desenvolvía muy bien en la tarea de investigación. Al tanto de esa causa estábamos únicamente la doctora Analía Bornic, el doctor Jorge Ariel Cóppola (secretario del Juzgado) y yo.
Era tanta la confianza que le teníamos que yo lo designé. Le dijimos que tratara de investigar, hacer actuaciones e, inclusive, creo que fue a algunas de las direcciones donde funcionaban negocios en los cuales se presumía se desarrollaba el juego clandestino”.
Narró que por las escuchas telefónicas teníamos relación con lo que creo era la Dirección de Observaciones Técnicas que funcionaba en Azul. Vía fax nos enviaban la trascripción de las escuchas. De ellas surgió que de arriba de mi escritorio se estaba trabajando con algunos allanamientos, algo de los cuales no habíamos hablado nada. Con López sí lo programábamos para contar con los efectivos policiales. Puntualmente recibí la noticia de que se estaba hablando entre los presuntos contraventores que ya estaban las órdenes de allanamiento sobre mi escritorio.
López me hacía preguntas sobre los procedimientos y en ese ínterin recibí una llamada telefónica desde Azul donde querían hablar personalmente conmigo. Me advirtió que se estaba filtrando información del Juzgado. Hay alguien que la está pasando. Le contesté que éramos poco los que conocíamos el trámite de la causa. Me pasó por teléfono las escuchas y creo que reconocía la voz de López. Me conmocionó, me hizo sentir muy mal. Era de suma confianza”.
También declararon la doctora Analía Bornic, Jorge Galván y Edda Cammi.
Ruleta
Edda Cammi estaba a cargo del Foro de Seguridad de General Arenales. Mencionó que recibió una llamada telefónica. Dijo que “habló alguien de la Departamental de Policía, Fabiana Moro o algo así y me dijo que había un señor que quería contactarse conmigo. Se llamaba Juan Carlos Gavilán y quería saber si se podía poner una ruleta en Ferré, que iba a dar la mitad de la recaudación”.
Asimismo declaró que la Moro “me daba la seguridad de que la propuesta era muy interesante para los clubes, una forma de recaudar dinero para las instituciones. Luego, Gavilán me explica las características del juego durante un encuentro que tuvimos en Junín. Interpreté que era algo permitido, que no íbamos a tener problemas. Pero de hecho, cuando después nos reunimos con la mesa ejecutiva del Foro de Seguridad en Ferré, quien plantea que se trataba de juego clandestino fue el encargado del Destacamento Policial de Ferré, Osmar Speratti. Ahí resolvimos que no era conveniente aprobarlo”.
A continuación declararon el oficial Speratti, Sergio Espinosa, que se hallaba a cargo de la Comisaría de Arenales y otros integrantes de la fuerza policial que se desempeñaban en la Departamental Noroeste. La fiscal indagó en la vinculación entre Fabiana Moro y el de la repartición, comisario Mayor Mario Campaña. Incluso, testimonió el joven Lucas Gabriel Lamenza, que trabajaba en una mensajería. Reconoció que supo llevar sobres, aunque sin conocer el contenido a la Comisaría Segunda, dejándolo en Mesa de Entrada.
Hoy, a partir de las 9.30 el Tribunal continuará escuchando a más testigos.
Planteos de nulidades
Carlos Torrens, abogado defensor del comisario mayor Mario Campaña y del imputado Marcelo Adaro, solicitó al Tribunal que decrete la nulidad de la requisitoria porque consideró que se encuentra afectada y vulnerada gravemente la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Al momento de plantear las cuestiones, sostuvo que cuando el fiscal Carlos Colimedaglia, quien llevó adelante la investigación de esta causa que elevó luego a juicio, hace mención a la configuración de una serie de delitos que concurren todos en forma reiterada y en concurso ideal.
“A mi juicio, ambas hipótesis y así como vienen expuestas son inconciliables en cuanto a los fines que persiguen. Porque no se de cuántos hechos los estoy defendiendo y no se cómo se genera el concurso ideal que menciona el fiscal. No se trata de la mera ausencia de datos en los hechos. Lisa y llanamente se trata de la inexistencia de hechos, porque los delitos no están identificados.
Defiendo a mis defendidos de abstracciones, y en materia procesal penal para que haya un juicio con todas las garantías y sentencia se requiere imperativamente saber qué hechos se juzgan, y yo no se por cuantos. Si no conozco la cantidad no puedo ejercer en plenitud el derecho de defensa. Lo menos que podemos pedir es que se nos diga de cuántos hechos se nos acusa para así podernos defender. No he ofrecido testigos en esta causa porque no se qué van a venir a decir. ¿Respuestas genéricas a una imputación genérica? Si tengo debidamente acreditado circunstancias de tiempo, modo y lugar puedo traer testigos, por ejemplo que acrediten que mis defendidos, supuestamente en ese momento que dice la acusación no se encontraban en el lugar, como para dar un ejemplo. No hay delincuencia indeterminada, sino concreta en un proceso respetuoso con todas las garantías”.
Otra de las cuestiones que planteó, fue la ausencia de una de las imputadas, Fabiana Moro, quien se encuentra radicada fuera del país, la que se desempeñaba en ese entonces en el área de Logística de la Unidad Regional de Policía, de Junín. El letrado consideró elemental la presencia ya que aseveró que con su declaración indagatoria se estructuró buena parte de la acusación.
Aseguró que se vulnera el principio de contradicción que exige que se conceda a todo acusado en una causa penal la posibilidad de rebatir los argumentos cargosos que obran en su contra. Además de que las lecturas de las declaraciones vertidas en la Investigación Penal Preparatoria satisface la publicidad nada más del juicio oral. Pero nunca pueden elevarse a la categoría de elemento de cargo una prueba que iba en las condiciones del 308, que se hace con la presencia del fiscal, el imputado y su defensor. No hubo control de ninguna de las otras partes. Por eso la no presencia de Moro no solamente entorpece y perjudica las posibilidades de mis defendidos sino la de todos los co-imputados. De allí que pidió la nulidad del debate a partir de la utilización de tales dichos como elemento de cargo para la requisitoria de elevación a juicio del fiscal Colimedaglia.
Ojeda
Por su parte, el doctor Fernando Ojeda, defensor de los imputados Gustavo e Ignacio Canullán, también hizo un planteo de nulidad de la pericia de voz (las escuchas telefónicas) que fue ofrecida como instrucción suplementaria por la Fiscalía de Juicio.
“El planteo radicó en que ésta defensa nunca fue notificada de la fecha de realización de la pericia fónica. Mis defendidos fueron citados para el 12 de julio de 2007 para que se hagan presentes en la delegación de Gendarmería Nacional en Buenos Aires donde le tomaron la plana de voz. En uan de las actas se dejó constancia que Ignacio Canullán presentaba un cuadro de congestión nasal, razón por la cual se dejó aclarado que podría llegar a ser necesario una nueva plana. El acto se cierra y se fijaría una fecha de realización de la pericia. Nunca recibimos la notificación y nos enteramos que dicha pericia se realizó el 7 de noviembre de 2007. Nos enteramos cuando llegó la cédula de citación para el debate”.
Ojeda consideró vulnerado el derecho de defensa de sus asistidos, quienes no pudieron cotejar que si lo que se estaba cotejando era efectivamente las planas de voz que se les tomaron con los casetes que oportunamente habían sido remitidos por la Fiscalía.
A su turno, el doctor Ariel Castellar, defensor de Juan Carlos Gavilán
adhirió a todo lo expuesto por Torrens y más aún, en la segunda nulidad que hace a la ausencia de Fabiana Moro. Opinó que el debate no debía realizarse atento a que es la que acusa directamente a su cliente.
Planteó una tercera nulidad al argumentar que se prescindió arbitrariamente del artículo 397 del CCP, al adelantarse la fecha del juicio “con lo cual se violaron las reglas del debido proceso”.
Monclá
La fiscal de juicio Mirta Monclá respondió a los pedidos de nulidad. En el caso del planteo del defensor Carlos Torrens. En cuanto a las numerosas figuras delictivas que tocarían la conducta de las personas sometidas a proceso, sostuvo que “la calificación legal no causa estado; puede ser cambiada en el transcurso del debate. Por lo tanto, no es susceptible de declararse nula”, y aseguró además que los delitos menores son subsumidos por las figuras más grave. “Todo eso queda condicionado a la prueba a producirse en el transcurso del debate”. Así, consideró que la nulidad debe ser rechazada. Además, expresó que a cada imputado se le va a hacer conocer –aunque ya lo saben- los hechos puntuales por los cuales se encuentra procesados”.
En cuanto al planteo sobre Moro, Monclá dijo que se incorpora por lectura la declaración.
Respecto a la nulidad planteada por el doctor Ojeda, la pericia fónica es técnica y al no haber presentado la defensa un perito idóneo que pueda controlarla carece de importancia, y entendió que la nulidad solicitada debía ser rechazada.
A la audiencia de ayer, además de la ausencia de una de las imputadas, de la mujer policía Fabiana Moro, actualmente prófuga, no asistió Juan Carlos Gavilán. Su abogado defensor, Ariel Castellar presentó una constancia mediante la cual su defendido estaba siendo asistido en una clínica de nuestra ciudad al sufrir una descompensación producto del stress generado por este caso.
El resto de los defensores coincidieron en que no hay elementos para acreditar los delitos que se imputan a sus defendidos y pidieron la libre absolución.
El Tribunal se constituyó en el centro asistencial junto a la fiscal y Castellar, a quien notificaron, procediendo luego dar continuidad a la audiencia.
Además resolvió desestimar el planteo deducido por el doctor Fernando Ojeda respecto al pedido de nulidad de la pericia de voz (las escuchas telefónicas) que fue ofrecida como instrucción suplementaria por la Fiscalía de Juicio.
El mismo resultado tuvo el planteó de nulidad presentado por el doctor Ariel Castelar que argumentó que se prescindió arbitrariamente del artículo 397 del CCP, al adelantarse la fecha del juicio “con lo cual se violaron las reglas del debido proceso”. El Tribunal fundamentó su fallo de desestimarlo, y además especificó que las partes contaron con la posibilidad de acordar un juicio abreviado sin límites temporal, con la salvedad del inicio del debate, y no lo solicitaron.
Los defensores
Los abogados defensores son los doctores Fernando Ojeda (de Gustavo e Ignacio Canullán), Darío De Ciervo-Esteban Pedernera (de Eduardo Colman), Ariel Castellar (de Juan Carlos Gavilán), Carlos Torrens-Esteban Torrens (de Mario Campaña y Marcelo Adaro), Gastón Mónaco (de Carlos López), y el defensor oficial Gerardo Doyle (de Alberto y Néstor Terque).
Fuente: laverdadonline