
Los mendocinos no conocen a Cristóbal Manuel López. Pero seguramente él sí sabe mucho de los mendocinos y, sobre todo, de su afición por el juego. El chubutense es uno de los llamados empresarios “K” y maneja un imperio de los juegos de azar en el que Mendoza es una de las piezas clave: López maneja los casinos del hotel Tower de San Rafael, a través de Casino Club, y los anexos del Casino de Mendoza de Rivadavia, San Martín, Alvear, Malargüe y los tragamonedas del Casino de Mendoza gracias a su alianza con la española Cirsa.
Se trata de un negocio millonario: las empresas reciben la mitad de la recaudación de los anexos y de los tragamonedas del Casino central. Sólo los anexos que tiene Cirsa facturan más de 30 millones de pesos al año. Ahora, el negocio está en medio de la polémica luego de que la Iglesia cuestionara los vínculos del poder político nacional y el juego.
En los últimos 10 años, los gobiernos de Mendoza han promovido los juegos de azar como nunca antes. Se minó la provincia de tragamonedas y se entregaron permisos para casinos privados. López no fue ajeno a los beneficios de esa apertura. Pero aunque es un empresario identificado con el kirchnerismo, en Mendoza los primeros favores los recibió de gobiernos radicales.
De hecho, el empresario se vio beneficiado por una decisión de uno de los mendocinos más anti kirchneristas: Roberto Iglesias. El ex gobernador de Mendoza firmó el decreto 2.181 autorizando que el hotel Tower de San Rafael instalara un casino (a través de los beneficios de la ley 5.775) a pesar de que no cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley.
Iglesias firmó ese polémico decreto el 10 de diciembre de 2003, es decir en su último día como gobernador. Esa adjudicación, que sirvió como base del negocio de Casino Club, fue cuestionada. Fiscalía de Estado emitió la resolución Nº 84 del 29 de agosto de 2005, por la cual declara que el decreto de Iglesias es “lesivo”.
Entre otras cosas, en Fiscalía aseguraron que “el hotel se habilitó y comenzó a funcionar un año antes de la solicitud de acogimiento al régimen referido”. En base a esa resolución, Julio Cobos decretó como “lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad lo dispuesto por Decreto Nº 2.181/03”. Pero no ordenó el cierre del casino de López hasta que la Justicia decida.
Además del favor de Iglesias, López se benefició con otro decreto firmado sobre el final de una gestión: Kirchner le prorrogó hasta el 2032 la concesión de los tragamonedas del Hipódromo de Palermo con un decreto firmado cinco días antes de dejar la Presidencia.
Empresario “lupino”
Cristóbal López es de Chubut y maneja una red de casinos y tragamonedas que cubre medio país. De hecho tiene cuatro salas de casino en Chubut, dos en Santa Cruz, dos en Tierra del Fuego, una en La Pampa, Misiones, La Rioja y Mendoza, además de las salas dedicadas exclusivamente a máquinas electrónicas, como la del Hipódromo. En la Patagonia lo conocen como uno de los empresarios “lupineros”, por su amistad con Kirchner (a quien apodan Lupo).
Cuando se licitaron los anexos del Casino, Cirsa y Casino Club se presentaban como socios. Esa relación quedó formalizada con el acuerdo entre la firma española y la de López para gestionar el Casino Flotante de Buenos Aires.
Como buen patagónico, López tiene intereses en el sector petrolero. Por eso participó en Mendoza de la trunca licitación por las áreas petroleras secundarias.
Fuente: losandes
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