Los casinos pueden seguir funcionando

El Salvador - Cierran los procesos de amparo promovidos por casinos porque ya no hay decreto para cerrarlos.
El abogado Carlos Méndez Flores lo dice muy tranquilo, pero seguro de sí mismo: “El que tiene permiso de la Alcaldía está legal. No hay ningún problema”.
Méndez Flores se refiere a los casinos y lo dice con conocimiento de causa. La Corte Suprema de Justicia le notificó a él, como representante de la empresa Juegos y Recreaciones S.A. de C.V. (Jure), que opera el casino “Bingo Club”, ubicado en Santa Tecla, sobre la Calle Chiltiupán, en Ciudad Merliot, que el proceso de amparo que había iniciado había terminado.
La Corte cerró el caso, porque en octubre del año pasado había desaparecido una de las razones por las que el casino había interpuesto el recurso de amparo.
La Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto legislativo 930, el cual ordenaba a las alcaldías a cerrar las casas de juego, previa inspección con la Fiscalía General.
El argumento
Otro decreto, una interpretación auténtica de la Ley de Policía, que data desde el siglo XIX, sigue vigente, pero sin manera de hacerla funcionar.
“Es incapaz de producir agravio jurídico constitucional bajo estas circunstancias, pues la norma que fue creada en su momento para posibilitar su aplicación ya no existe”, dice el fallo que ayer fue comunicado a la Asamblea.
Como el del casino tecleño, también fueron cerrados los casos de “Video Atracciones” (Casino Tropicana), Compañía Promotora Óptima Uno (Marbella, antes Bingo de París) y Empresas Turísticas de San Miguel (Carnaval).
La Corte Suprema de Justicia eliminó el decreto que obligaba al cierre de las casas de juego porque “invadió la esfera de las alcaldías”, recuerda Méndez Flores.
Unos días antes, la Fiscalía General había presentado un anteproyecto de ley para ordenar el cierre de los casinos.
La iniciativa había sido el fin de un esfuerzo encomendado por el fiscal general, Garrid Safie, a Roberto Oliva, fiscal especial de casinos, y pretendía que los establecimientos que estaban en funcionamiento fueran indemnizados.
Las alcaldías eran quienes iban a pagar a los casinos por retirarle el permiso de operación.
Arenero pide una superintendencia
Ernesto Castellanos, diputado de ARENA, cree que “está claro” que las alcaldías no pueden autorizar nuevos casinos (la Corte Suprema declaró inconstitucional un decreto que obligaba el cierre de casinos porque vulneraba la autonomía municipal).
Así que para este tricolor la única solución es que se regule a las casas de juego.
“Nosotros vemos como alternativa que se cree una ley de casinos o una superintendencia de casinos que regule ese tipo de negocios”, manifestó ayer, al ser consultado por las últimas decisiones de la Corte.
Aunque el máximo tribunal eliminó el proceso (iniciado en 2002 por cuatro casinos) el 12 de diciembre pasado, no lo envió a la Asamblea sino hasta el 18 de diciembre e ingresó formalmente a la Asamblea Legislativa hasta ayer.
“Queda claro que al perro más flaco se le pegan las pulgas. La Corte debe ser más ecuánime en la aplicación de la ley. Están beneficiando a casinos porque probablemente representan a grupos de poder”, interpretó el pedecista Mauricio Rodríguez.
Walter Durán, abogado y diputado del FMLN, prefirió no opinar porque desconocía la resolución.
Mario Ponce, del PCN, se opone a que sean las alcaldías quienes indemnicen a los casinos por clausurarlos.
Fuente: elmundo